VIDEO, LA PRIMERA REPÚBLICA ESPAÑOLA

FINAL DE LA PRIMERA REPÚBLICA

El 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos se pronunció en Sagunto a favor de la restauración en el trono de la monarquía borbónica en la persona de don Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II. El gobierno de Sagasta no se opuso a este pronunciamiento, permitiendo la restauración de la monarquía. El triunfo de la restauración borbónica se logró gracias al trabajo previo de Antonio Cánovas del Castillo, que sin embargo era contrario al pronunciamiento militar.

Hasta 1931, los republicanos españoles celebraban el 11 de febrero, aniversario de la Primera República. Posteriormente, la conmemoración se trasladó al 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República, que además, entre 1932 y 1938 fue fiesta nacional.

LA REPÚBLICA UNITARIA

En medio de la convulsión política, entró en Cartagena el 12 de enero el general López Domínguez, sustituto de Martínez Campos, mientras Antonete Gálvez, con más de mil hombres, lograba eludir el cerco a bordo de la “Numancia”, y poner rumbo a Orán. El final de la experiencia cantonal fue pagado por Gálvez con el exilio, pero la Restauración le permitió, mediante amnistía, regresar a su Torreagüera natal. En esta época entablaría una extraña y entrañable amistad con don Antonio Cánovas del Castillo, máximo responsable de la Restauración, quien consideraba a Gálvez un hombre sincero, honrado y valiente, aunque de ideas políticas exageradas.

Entretanto, tras la negativa de Emilio Castelar, se encargó al general Serrano, recién regresado de su exilio en Biarriz por su implicación en la intentona golpista del 23 de abril, la formación de un gobierno de concentración que agrupó a monárquicos, conservadores y republicanos unitarios, y del que se excluyó a los republicanos federales.

Francisco Serrano, duque de la Torre, de 63 años, antiguo colaborador de Isabel II, ya había desempeñado por dos veces la jefatura del Estado. Proclamó la República unitaria, haciéndose cargo de la Presidencia del Poder Ejecutivo, y gobernó prescindiendo de las Cortes en una dictadura republicana conservadora. Durante su mandato se sometió al último de los cantones insurrectos, el de Cartagena, y se concentraron los esfuerzos en la guerra carlista en el norte de España. El general intentó sin éxito consolidarse en el poder de forma dictatorial, según el ejemplo del régimen de duques y generales que se imponía en Francia a la caída de Napoleón III y tras la derrota de la Comuna de París.

A los pocos meses, el 13 de mayo cedió la presidencia del gobierno a Juan de Zavala y de la Puente para encargarse personalmente de las operaciones contra los carlistas en el norte. Y más tarde le encargó el gobierno a Práxedes Mateo Sagasta el 3 de septiembre. El 10 de diciembre comenzó el sitio de Pamplona, pero el pronunciamiento de Sagunto lo interrumpió.

GOBIERNO DE EMILIO CASTELAR

Al día siguiente, el 7 de septiembre, fue elegido para ocupar la Presidencia del Poder Ejecutivo el unitario Emilio Castelar, catedrático de Historia y destacado orador, por 133 votos a favor frente a los 67 obtenidos por Pi y Margall. Durante su anterior etapa, como Ministro de Estado en el gobierno de Estanislao Figueras, promovió y consiguió que se aprobase la abolición de la esclavitud en el territorio ultramarino de Puerto Rico, aunque no en Cuba por la situación de guerra que vivía.

Con motivo de la difícil situación por la que pasaba la República, con el agravamiento de la Guerra Carlista, Emilio Castelar comenzó la reorganización del ejército, anunciando ante las Cortes que «para sostener esta forma de gobierno necesito mucha infantería, mucha caballería, mucha artillería, mucha Guardia civil y muchos carabineros». A pesar de la oposición federalista, las Cortes le concedieron poderes extraordinarios para gobernar, tras lo cual se cerraron las Cortes el 20 de septiembre. Confirmó las sentencias de muerte que provocaron la dimisión de su predecesor, restableció el orden y dejó a punto de rendición a los cantonales de Cartagena.

Sin embargo, el caos provocado por la sublevación cantonal y el recrudecimiento de la Guerra Carlista le llevaron a reabrir las Cortes el 2 de enero de 1874, para someter a votación la gestión de su gobierno y recabar plenos poderes con los que salvar a la República del descrédito total.

Se abrió, en efecto, la sesión de Cortes el 2 de enero de 1874 pero los federales se lanzaron en tromba contra don Emilio Castelar, a quien respaldaba el capitán general de Madrid, don Manuel Pavía, antiguo partidario de Prim, con quien se había alzado en Villarejo de Salvanés. Dos fuerzas bien diferentes amenazaban con interrumpir las deliberaciones de las Cortes: los federales, deseosos de acabar con Castelar a mano airada, y las tropas del general Pavía, partidario de Castelar, que tenía decidido acudir en su socorro para evitar su derrota ante el federalismo.

Salían ya los regimientos comprometidos por la orden del capitán general, cuando las Cortes conocieron la derrota de Castelar por 119 votos contra 101. Dimitió el último presidente de la República, y el de las Cortes, que era Nicolás Salmerón, ordenó proceder a nueva votación para elegir a un nuevo jefe del Poder Ejecutivo.

Pavía se situó en la plaza frente al edificio con su estado mayor y ordenó a dos ayudantes que impusieran a Salmerón la disolución de la sesión de Cortes y el desalojo del edificio en cinco minutos. La Guardia Civil, que custodiaba el Congreso, se puso a las órdenes del general y ocupó los pasillos del Congreso (sin llegar a entrar en el hemiciclo). Eran las siete menos cinco de la mañana, cuando se estaba procediendo a la votación para elegir al candidato federal Eduardo Palanca, y Salmerón, al recibir la orden del capitán general, suspendió la votación y comunicó el gravísimo suceso a los diputados. Entonces, éstos abandonaron el edificio a toda prisa, entre escenas de exacerbado histerismo; algunos incluso se descolgaron por las ventanas. Pavía, sorprendido, preguntó: «Pero señores, ¿por qué saltar por las ventanas cuando pueden salir por la puerta?».

Pavía, que era republicano unitario, le ofreció a Emilio Castelar continuar en la presidencia, pero este rehusó al no querer mantenerse en el poder por medios antidemocráticos. Estos hechos supusieron el final oficioso de la Primera República, aunque oficialmente continuaría casi otro año más.

GOBIERNO DE NICOLÁS SALMERÓN

Tras aceptar la dimisión de Pi y Margall, fue elegido Presidente del Poder Ejecutivo Nicolás Salmerón, con 119 votos a favor y 93 votos en contra.

El nuevo presidente, que era un republicano federal moderado, defendía la necesidad de llegar a un entendimiento con los grupos más moderados o conservadores y una lenta transición hacia la república federal. Su oratoria era demoledora. Francisco Silvela decía que Salmerón, en sus discursos, sólo usaba un arma: la artillería. Antonio Maura caracterizaba el tono profesoral de don Nicolás diciendo que «siempre parece que esté dirigiéndose a los metafísicos de Albacete».

Ya durante su etapa como Ministro de Gracia y Justicia en el gobierno de Estanisalo Figueras, promovió la abolición de la pena de muerte, así como la independencia del poder judicial frente al político.

Su nombramiento produjo una intensificación del movimiento cantonalista, para cuyo control tuvo que recurrir a generales abiertamente contrarios a la República Federal, mandando sendas expediciones militares a Andalucía y Valencia, al mando de los generales Pavía y Martínez Campos respectivamente, que uno tras otro fueron sometiendo a los distintos cantones, excepto el de Cartagena que resistiría hasta el 12 de enero de 1874.

Sus generales le solicitaron el “enterado” del gobierno y su firma para ejecutar varias sentencias de muerte a varios soldados desertores en el frente carlista, imprescindible, según ellos, para la recuperación de la disciplina del ejército. Salmerón, hombre de principios liberales muy avanzados, se negó a conceder el “enterado”, y, tal como figura inscrito en la piedra de su mausoleo, «abandonó el poder por no firmar una sentencia de muerte». De tal modo, dimitió el 6 de septiembre.

PROYECTO DE CONSTITUCIÓN FEDERAL

El proyecto de Constitución Federal de la Primera República Española se desarrollaba a lo largo de 117 artículos organizados en 17 títulos.

En su primer artículo fijaba lo siguiente:

Componen la Nación Española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. Los Estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas, según sus necesidades territoriales.

Estos estados tendrían una «completa autonomía económico-administrativa y toda la autonomía política compatible con la existencia de la Nación», así como «la facultad de darse una Constitución política» (artículos 92º y 93º).

El proyecto de Constitución preveía en su Título IV, además de los clásicos Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, un cuarto Poder de Relación que sería ejercido por el Presidente de la República.

El Poder Legislativo estaría en manos de las Cortes Federales, que se compondrían de: Congreso y Senado, siendo el Congreso una cámara de representación proporcional con un diputado «por cada 50.000 almas» que se renovaría cada dos años, y el Senado, una cámara de representación territorial siendo elegidos cuatro senadores por las Cortes de cada uno de los Estados.

El Poder Ejecutivo sería ejercido por el Consejo de Ministros, cuyo Presidente sería elegido por el Presidente de la República.

El artículo 40 del proyecto disponía: «En la organización política de la Nación española todo lo individual es de la pura competencia del individuo; todo lo municipal es del Municipio; todo lo regional es del Estado, y todo lo nacional, de la Federación». El artículo siguiente declaraba que «Todos los poderes son electivos, amovibles y responsables», y el artículo 42 que «La soberanía reside en todos los ciudadanos, y se ejerce en representación suya por los organismos políticos de la República, constituida por medio del sufragio universal».

El Poder Judicial residiría en el Tribunal Supremo Federal, que se compondría «de tres magistrados por cada Estado de la Federación» (artículo 73º) que nunca serían elegidos por el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. Además establecía que todos los tribunales serían colegiados y la institución del Jurado para toda clase de delitos.

El Poder de relación sería ejercido por el Presidente de la República Federal cuyo mandato duraría «cuatro años, no siendo inmediatamente reelegible», como dice el artículo 81º del proyecto.

GOBIERNO DE FRANCISCO PI Y MARGALL

Tras la huida a Francia de Figueras, al advertir el vacío de poder ya iba a pronunciarse el general Manuel Sodas cuando un coronel de la Guardia Civil, José de la Iglesia, se presentó con un piquete en el edificio del Congreso y anunció a los diputados que de allí no salía nadie hasta que eligieran a un nuevo Presidente. Eligieron el día 11 de junio al también federalista Francisco Pi y Margall, que al presentar a su gobierno ante la Asamblea declaró que no tenía programa y que no sabía qué hacer. El esfuerzo principal del nuevo gobierno sería la elaboración de una nueva Constitución, así como la aprobación de una serie de leyes de carácter social: el reparto de tierras desamortizadas entre arrendatarios, colonos y aparceros, el restablecimiento del ejército regular, con levas obligatorias, la separación de la Iglesia y el Estado, la abolición de la esclavitud, la enseñanza obligatoria y gratuita, la limitación del trabajo infantil, la creación de jurados mixtos de empresarios y trabajadores, el derecho a la sindicación obrera y la jornada de trabajo de 8 horas.

El 16 de junio se eligió una comisión de 25 miembros que debía elaborar la nueva Constitución, presentándose el proyecto de Constitución Federal de la República Española, cuya redacción se atribuye principalmente a Castelar, al día siguiente para su debate.

El 28 de junio, Pi y Margall renovó la composición de su gobierno, pero debido a la lentitud y las constantes demoras durante los debates sobre la nueva Constitución, los acontecimientos se precipitaron con una celeridad asombrosa. El 30 de junio el ayuntamiento de Sevilla acordó transformarse en República Social, y al día siguiente los diputados federales intransigentes abandonaron las Cortes. Una semana más tarde, el 9 de julio, Alcoy se declara independiente: desde el día 7 de julio estaban teniendo lugar una ola de asesinatos y ajustes de cuentas al amparo de una huelga revolucionaria (la llamada Revolución del petróleo dirigida por elementos locales de la sección española de la AIT). Era sólo el comienzo. Poco después, comienza la sublevación cantonalista con huelgas generales en toda España, soldados asesinando a oficiales, alcaldes linchados, y un centenar de muertos.

Los focos federales del país no estallaron en forma de Estados autónomos, sino en una constelación de cantones independientes. Los levantamientos se suceden por diversas localidades de Valencia, Murcia y Andalucía fundamentalmente. Los hubo de ámbito provincial como Valencia y Málaga, otros más localizados, como Alcoy, Cartagena, Sevilla, Cádiz, Almansa, Torrevieja, Castellón, Granada, Salamanca, Bailén, Andújar, Tarifa y Algeciras, y los hubo incluso como tan pequeños como el pueblo manchego de Camuñas y el murciano de Jumilla. Según se afirma éste último proclamó un manifiesto que se haría famoso:

"La nación jumillana desea vivir en paz con todas las naciones vecinas y, sobre todo, con la nación murciana, su vecina; pero si la nación murciana, su vecina, se atreve a desconocer su autonomía y a traspasar sus fronteras, Jumilla se defenderá, como los héroes del Dos de Mayo, y triunfará en la demanda, resuelta completamente a llegar, en sus justísimos desquites, hasta Murcia, y a no dejar en Murcia piedra sobre piedra."

No obstante, no existe constancia en el archivo municipal de la localidad ni de tal manifiesto ni de proclamación alguna, discurriendo al parecer las sesiones del periodo dentro de los cauces normales. Tal circunstancia ha llevado a algunos historiadores a negar la autenticidad de tal manifiesto y la propia existencia del Cantón de Jumilla, cuya invención atribuyen a mera propaganda anticantonal.

El más conocido y activo de todos los cantones fue el de Cartagena, que estalló el 12 de julio en aquella base militar y naval, bajo la inspiración del diputado federal huertano Antonio Gálvez Arce, conocido como Antonete.

La primera hazaña de los cantonales cartageneros fue apoderarse del castillo de San Julián, lo que motivó un curioso telegrama del capitán general del Departamento al ministro de Marina: «Castillo San Julián enarbola bandera turca». Esa "bandera turca" era en realidad la bandera roja de la República Federal, la primera bandera roja en la historia de España. Gálvez apasionó a la marinería con su inflamada oratoria y se apoderó de la escuadra fondeada en el puerto, que en ese momento se componía de lo mejor de la Armada. Con la flota en su poder sembró el terror en la costa mediterránea próxima, y fue declarado pirata y buena presa por decreto del gobierno de Madrid. Ya en tierra, dirigió una marcha sobre Madrid que fue desbaratada en Chinchilla. El cantón de Cartagena acuñó moneda propia, el duro cantonal, y resistió seis meses de guerra e independencia.

Dos fragatas cantonales, la Almansa y la Vitoria, salieron de Cartagena «hacia una potencia extranjera» (es decir, a Almería), para recaudar fondos. Al negarse la ciudad a pagar, fue bombardeada y tomada por los cantonalistas, quienes se cobraron ellos mismos el tributo. El general Contreras, al mando de la flota, se hizo rendir honores al desembarcar, curiosamente al son de la Marcha Real. A continuación, repitieron hazaña en Alicante y, de vuelta a Cartagena, fueron apresados como piratas por las fragatas acorazadas HMS Swiftsure y SMS Friedrich Karl, británica y alemana respectivamente.

Según Emilio Castelar:

Hubo días de aquel verano en que creíamos completamente disuelta nuestra España. La idea de la legalidad se había perdido en tales términos que un empleado cualquiera de Guerra asumía todos los poderes y lo notificaba a las Cortes, y los encargados de dar y cumplir las leyes desacatábanlas sublevándose o tañendo arrebato contra la legalidad. No se trataba allí, como en otras ocasiones, de sustituir un Ministerio existente ni una forma de Gobierno a la forma admitida; tratábase de dividir en mil porciones nuestra patria, semejantes a las que siguieron a la caída del califato de Córdoba. De provincias llegaban las ideas más extrañas y los principios más descabellados. Unos decían que iban a resucitar la antigua corona de Aragón, como si las fórmulas del Derecho moderno fueran conjuros de la Edad Media. Otros decían que iban a constituir una Galicia independiente bajo el protectorado de Inglaterra. Jaén se apercibía a una guerra con Granada. Salamanca temblaba por la clausura de su gloriosa universidad y el eclipse de su predominio científico [...] La sublevación vino contra el más federal de todos los Ministerios posibles, y en el momento mismo en que la Asamblea trazaba un proyecto de Constitución, cuyos mayores defectos provenían de la falta de tiempo en la Comisión y de la sobra de impaciencia en el Gobierno.

Más grave incluso era el problema de la Tercera Guerra Carlista, que campaba por sus respetos con total libertad en las Vascongadas, Navarra y Cataluña, y extendía su acción a toda la península a través de partidas, mientras que el pretendiente Carlos VII había formado en Estella un gobierno con sus propios ministerios, que comenzaba incluso a acuñar moneda, mientras que la connivencia de los franceses les permitía recibir ayuda externa.

Sin tiempo para que la Constitución de la República Federal pudiera ser aprobada en las Cortes, Pi y Margall se vio en una situación crítica. Se negaba a reprimir la rebelión de los cantones porque declaraba, con toda lógica, que los sublevados no hacían más que seguir la doctrina que él había proclamado, en vista de lo cual, se vio forzado a dimitir el 18 de julio, tras 37 días de mandato. De esta forma describió las decepciones que le había dado la política:

Han sido tantas mis amarguras en el poder, que no puedo codiciarlo. He perdido en el gobierno mi tranquilidad, mi reposo, mis ilusiones, mi confianza en los hombres, que constituía el fondo de mi carácter. Por cada hombre agradecido, cien ingratos; por cada hombre desinteresado y patriótico, cientos que no buscaban en la política sino la satisfacción de sus apetitos. He recibido mal por bien...