GOBIERNO DE FRANCISCO PI Y MARGALL

Tras la huida a Francia de Figueras, al advertir el vacío de poder ya iba a pronunciarse el general Manuel Sodas cuando un coronel de la Guardia Civil, José de la Iglesia, se presentó con un piquete en el edificio del Congreso y anunció a los diputados que de allí no salía nadie hasta que eligieran a un nuevo Presidente. Eligieron el día 11 de junio al también federalista Francisco Pi y Margall, que al presentar a su gobierno ante la Asamblea declaró que no tenía programa y que no sabía qué hacer. El esfuerzo principal del nuevo gobierno sería la elaboración de una nueva Constitución, así como la aprobación de una serie de leyes de carácter social: el reparto de tierras desamortizadas entre arrendatarios, colonos y aparceros, el restablecimiento del ejército regular, con levas obligatorias, la separación de la Iglesia y el Estado, la abolición de la esclavitud, la enseñanza obligatoria y gratuita, la limitación del trabajo infantil, la creación de jurados mixtos de empresarios y trabajadores, el derecho a la sindicación obrera y la jornada de trabajo de 8 horas.

El 16 de junio se eligió una comisión de 25 miembros que debía elaborar la nueva Constitución, presentándose el proyecto de Constitución Federal de la República Española, cuya redacción se atribuye principalmente a Castelar, al día siguiente para su debate.

El 28 de junio, Pi y Margall renovó la composición de su gobierno, pero debido a la lentitud y las constantes demoras durante los debates sobre la nueva Constitución, los acontecimientos se precipitaron con una celeridad asombrosa. El 30 de junio el ayuntamiento de Sevilla acordó transformarse en República Social, y al día siguiente los diputados federales intransigentes abandonaron las Cortes. Una semana más tarde, el 9 de julio, Alcoy se declara independiente: desde el día 7 de julio estaban teniendo lugar una ola de asesinatos y ajustes de cuentas al amparo de una huelga revolucionaria (la llamada Revolución del petróleo dirigida por elementos locales de la sección española de la AIT). Era sólo el comienzo. Poco después, comienza la sublevación cantonalista con huelgas generales en toda España, soldados asesinando a oficiales, alcaldes linchados, y un centenar de muertos.

Los focos federales del país no estallaron en forma de Estados autónomos, sino en una constelación de cantones independientes. Los levantamientos se suceden por diversas localidades de Valencia, Murcia y Andalucía fundamentalmente. Los hubo de ámbito provincial como Valencia y Málaga, otros más localizados, como Alcoy, Cartagena, Sevilla, Cádiz, Almansa, Torrevieja, Castellón, Granada, Salamanca, Bailén, Andújar, Tarifa y Algeciras, y los hubo incluso como tan pequeños como el pueblo manchego de Camuñas y el murciano de Jumilla. Según se afirma éste último proclamó un manifiesto que se haría famoso:

"La nación jumillana desea vivir en paz con todas las naciones vecinas y, sobre todo, con la nación murciana, su vecina; pero si la nación murciana, su vecina, se atreve a desconocer su autonomía y a traspasar sus fronteras, Jumilla se defenderá, como los héroes del Dos de Mayo, y triunfará en la demanda, resuelta completamente a llegar, en sus justísimos desquites, hasta Murcia, y a no dejar en Murcia piedra sobre piedra."

No obstante, no existe constancia en el archivo municipal de la localidad ni de tal manifiesto ni de proclamación alguna, discurriendo al parecer las sesiones del periodo dentro de los cauces normales. Tal circunstancia ha llevado a algunos historiadores a negar la autenticidad de tal manifiesto y la propia existencia del Cantón de Jumilla, cuya invención atribuyen a mera propaganda anticantonal.

El más conocido y activo de todos los cantones fue el de Cartagena, que estalló el 12 de julio en aquella base militar y naval, bajo la inspiración del diputado federal huertano Antonio Gálvez Arce, conocido como Antonete.

La primera hazaña de los cantonales cartageneros fue apoderarse del castillo de San Julián, lo que motivó un curioso telegrama del capitán general del Departamento al ministro de Marina: «Castillo San Julián enarbola bandera turca». Esa "bandera turca" era en realidad la bandera roja de la República Federal, la primera bandera roja en la historia de España. Gálvez apasionó a la marinería con su inflamada oratoria y se apoderó de la escuadra fondeada en el puerto, que en ese momento se componía de lo mejor de la Armada. Con la flota en su poder sembró el terror en la costa mediterránea próxima, y fue declarado pirata y buena presa por decreto del gobierno de Madrid. Ya en tierra, dirigió una marcha sobre Madrid que fue desbaratada en Chinchilla. El cantón de Cartagena acuñó moneda propia, el duro cantonal, y resistió seis meses de guerra e independencia.

Dos fragatas cantonales, la Almansa y la Vitoria, salieron de Cartagena «hacia una potencia extranjera» (es decir, a Almería), para recaudar fondos. Al negarse la ciudad a pagar, fue bombardeada y tomada por los cantonalistas, quienes se cobraron ellos mismos el tributo. El general Contreras, al mando de la flota, se hizo rendir honores al desembarcar, curiosamente al son de la Marcha Real. A continuación, repitieron hazaña en Alicante y, de vuelta a Cartagena, fueron apresados como piratas por las fragatas acorazadas HMS Swiftsure y SMS Friedrich Karl, británica y alemana respectivamente.

Según Emilio Castelar:

Hubo días de aquel verano en que creíamos completamente disuelta nuestra España. La idea de la legalidad se había perdido en tales términos que un empleado cualquiera de Guerra asumía todos los poderes y lo notificaba a las Cortes, y los encargados de dar y cumplir las leyes desacatábanlas sublevándose o tañendo arrebato contra la legalidad. No se trataba allí, como en otras ocasiones, de sustituir un Ministerio existente ni una forma de Gobierno a la forma admitida; tratábase de dividir en mil porciones nuestra patria, semejantes a las que siguieron a la caída del califato de Córdoba. De provincias llegaban las ideas más extrañas y los principios más descabellados. Unos decían que iban a resucitar la antigua corona de Aragón, como si las fórmulas del Derecho moderno fueran conjuros de la Edad Media. Otros decían que iban a constituir una Galicia independiente bajo el protectorado de Inglaterra. Jaén se apercibía a una guerra con Granada. Salamanca temblaba por la clausura de su gloriosa universidad y el eclipse de su predominio científico [...] La sublevación vino contra el más federal de todos los Ministerios posibles, y en el momento mismo en que la Asamblea trazaba un proyecto de Constitución, cuyos mayores defectos provenían de la falta de tiempo en la Comisión y de la sobra de impaciencia en el Gobierno.

Más grave incluso era el problema de la Tercera Guerra Carlista, que campaba por sus respetos con total libertad en las Vascongadas, Navarra y Cataluña, y extendía su acción a toda la península a través de partidas, mientras que el pretendiente Carlos VII había formado en Estella un gobierno con sus propios ministerios, que comenzaba incluso a acuñar moneda, mientras que la connivencia de los franceses les permitía recibir ayuda externa.

Sin tiempo para que la Constitución de la República Federal pudiera ser aprobada en las Cortes, Pi y Margall se vio en una situación crítica. Se negaba a reprimir la rebelión de los cantones porque declaraba, con toda lógica, que los sublevados no hacían más que seguir la doctrina que él había proclamado, en vista de lo cual, se vio forzado a dimitir el 18 de julio, tras 37 días de mandato. De esta forma describió las decepciones que le había dado la política:

Han sido tantas mis amarguras en el poder, que no puedo codiciarlo. He perdido en el gobierno mi tranquilidad, mi reposo, mis ilusiones, mi confianza en los hombres, que constituía el fondo de mi carácter. Por cada hombre agradecido, cien ingratos; por cada hombre desinteresado y patriótico, cientos que no buscaban en la política sino la satisfacción de sus apetitos. He recibido mal por bien...